EL TRIBUNAL SUPREMO EXIGE INFORMARSE SOBRE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS EN LA PROPIA ENTIDAD.

EL TRIBUNAL SUPREMO EXIGE INFORMARSE SOBRE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS EN LA PROPIA ENTIDAD.

El Tribunal Supremo exige informarse sobre productos financieros a través de la propia entidad para poder reclamar una posible nulidad en el futuro. Un fallo del Alto Tribunal rechaza la nulidad de un bono estructurado ya que el cliente lo había suscrito por recomendación de un hermano.

“Incluso aunque sea cierto que el banco no cumplió adecuadamente las obligaciones de información que le impone la normativa MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), si esa información llegó al cliente por otra vía, no concurriría error invalidante del consentimiento”, señala la sentencia, de 21 de febrero de 2017.

De este modo, el Supremo declina que los clientes se informen de los productos financieros a través de canales distintos a los que ofrece la entidad.

El magistrado ponente del fallo, desestima el recurso y apunta que, aunque no se realizó test de idoneidad, el banco le suministró información por escrito en la que se le advertía de los serios riesgos del producto, que se justificaban por la posibilidad de importantes ganancias, como las que efectivamente obtuvo otro familiar con un bono estructurado vendido por Banif ligado a las acciones de Repsol y Telefónica. Sin embargo, el cliente entendía que se había producido una infracción de la normativa MiFID, reguladora de las obligaciones de información de las entidades financieras, pues la información suministrada por la entidad bancaria, al adquirir el demandante los bonos, sólo contemplaba la posibilidad de obtener una importante rentabilidad, sin advertirle del riesgo que asumía ni de la posibilidad de venta anticipada de los productos.

Al contrario, la sentencia de apelación también consideraba que, a falta de indicación en contrario, el cliente podía disponer del certificado de inversión en la forma que tuviese por conveniente, y que incluso los empleados del banco le ofrecieron la reestructuración del bono mediante la sustitución de los productos subyacentes, a lo que el cliente se negó.

El afectado sostenía en su recurso que “la falta de realización del test de idoneidad hace presumir la existencia de error vicio en el consentimiento, lo que se vería confirmado por la afirmación de la sentencia recurrida de que la información sobre el producto adquirido fue suministrada al demandante por su hermano y no por la entidad financiera.”

 

Fuente: http://www.eleconomista.es/civil/noticias/8344801/05/17/El-Supremo-exige-informarse-de-los-productos-en-el-banco.html

Ver sentencia AQUÍ

 

INDEMNIZACIÓN DE 14.000 EUROS POR SOPORTAR EL EXCESO DE DECIBELIOS DEL PUB DE SU EDIFICIO.

INDEMNIZACIÓN DE 14.000 EUROS POR SOPORTAR EL EXCESO DE DECIBELIOS DEL PUB DE SU EDIFICIO.

 

La Audiencia Provincial de Alicante, en sentencia de 8 de febrero de 2017, Rec. 495/2016,  se ha pronunciado en relación a la demanda planteada por una ciudadana que venía sufriendo las inmisiones sonoras de un local que superaban los límites tolerables, además del ruido que de por sí emanaba de los aparatos de aire acondicionado.

El Juzgado de Primera Instancia 1 de Elda, ante quién recayó el conocimiento de la demanda, había desestimado las pretensiones de la mujer, que había solicitado la condena consistente en la realización de obras para que cesaran las inmisiones sonoras, así como la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por dicha inmisión.

La Sala recuerda la doctrina jurisprudencial aplicable a estos supuestos, como la STS de 29 de abril de 2003 donde se indica que el derecho a la intimidad reclama para su ejercicio -y especialmente dentro del domicilio y su entorno- un ámbito inmune frente a las agresiones perturbadoras, procedentes del exterior, que no exijan el deber específico de soportarlas; entre estas agresiones se encuentran los ruidos desaforados y persistentes, aunque éstos procedan, en principio, del desarrollo de actividades lícitas que dejan de serlo, cuando se traspasan determinados límites que pasan a suponer vulneración del derecho fundamental del artículo 18 CE.

El ruido es considerado como un sonido indeseado por el receptor o como una sensación auditiva desagradable y molesta, es causa de preocupación en la actualidad, por sus efectos sobre la salud, sobre el comportamiento humano individual y grupal, debido a las consecuencias físicas, psíquicas y sociales que conlleva.

 

Según indica la Sala, la pericial que fue aportada en la instancia corrobora que en la vivienda de la demandante se producían inmisiones sonoras, probablemente por insuficiencia de aislamiento, en las ocasiones en que en el local del demandado se celebraban conciertos, que se realizaban de forma habitual y no puntual, con asistencia de público; al sonido de la música debía añadirse el ruido que producía aquél, que superaba los límites tolerables.

Se constató igualmente que el aislamiento del local era insuficiente en función de las actividades que desarrollaba, especialmente la de conciertos. Además, se comprobó por el perito que el aparato de aire acondicionado situado justo debajo de la ventana del dormitorio de la demandante emitía sonidos y vibraciones por encima de lo normal, que sumados a los ruidos emitidos por el local, afectaban muy negativamente a su vida y descanso cotidianos (Se acreditó una medición superior en muchas ocasiones a los 40-45 decibelios en horario diurno y a los 30-35 en el nocturno

 

La indemnización por daños y perjuicios reclamada era de 14.303,04 euros, dado que venía sufriendo desde casi 10 años un síndrome ansioso depresivo moderado, que se había cronificado; constaba acreditada dicha afectación y diagnosticada por informe facultativo; era incapaz de descansar los fines de semana debido a los ruidos del local, descartándose que los síntomas se debieran a otras circunstancias.

La prescripción de la acción que había alegado el demandado no es acogida por la Audiencia. Indica que el daño no se ha producido de una vez, sino que la situación se va agravando con el transcurso del tiempo,

La jurisprudencia para la prescripción  distingue entre los casos de “daño continuado” y lo casos de “daño permanente o duradero” (STS 30 de noviembre de 2011).

  • El “daño permanente o duradero”es aquel que se produce en un momento determinado por la conducta del demandado pero persiste a lo largo del tiempo con la posibilidad, incluso, de agravarse por factores ya del todo ajenos a la acción u omisión del demandado. En este caso el plazo de prescripción comienza a correr “desde que lo supo el agraviado”, o sea, desde que tuvo un cabal conocimiento del mismo y pudo medir su trascendencia; de otro modo se daría la hipótesis de absoluta imprescriptibilidad de la acción hasta la muerte del perjudicado, en el caso de daños personales, o la total pérdida de la cosa, en caso de daños materiales.
  • En cuanto al “daño continuado”o de producción sucesiva no se inicia el cómputo del plazo hasta la producción del resultado definitivo.

En estos casos, para determinar el momento en que el daño se encuentra suficientemente establecido hay que acudir a las circunstancias concretas de cada caso, y aun así, parece que no es posible conocer exactamente el momento en que el daño se ha consolidado definitivamente.

 

Se trata de un daño cuya consolidación no se puede entender que se produjo cuando aparecen los primeros síntomas y se realiza el diagnostico, puesto que no se trata de una acción puntual que genera un daño, sino que se trata de una actividad continuada y que sigue influyendo en la salud de la demandante, con lo que el alcance del daño solo quedará consolidado cuando cese la actividad. Hasta entonces, no se iniciará el plazo prescriptivo, por lo tanto, cuando la demandante ejercitó la acción, ésta no había prescrito.

Con base en los anteriores razonamientos, la Audiencia condena a los demandados a la suspensión inmediata de la actividad de conciertos en directo, otorgando a los mismos el plazo de un mes para proceder a la reparación del aparato de aire acondicionado y cuatro meses para el adecuado aislamiento del local Pub, de manera que se evite la transmisión del sonido y vibraciones a la vivienda propiedad de la demandante, con apercibimiento de cierre del local.

Además, a satisfacer a la reclamante la cantidad solicitada de 14.303,04 euros, con carácter solido.

 

Fuente: http://noticias.juridicas.com:8080/actualidad/jurisprudencia/11980-14-000-euros-por-soportar-los-decibelios-de-los-conciertos-en-directo-del-pub-de-su-edificio/

 

“STALKING”, nuevo delito de acoso u hostigamiento. El Supremo establece que la conducta, para ser delito, debe tener vocación de prolongarse el tiempo suficiente para provocar la alteración de la vida cotidiana de la víctima.

“STALKING”, nuevo delito de acoso u hostigamiento. El Supremo establece que la conducta, para ser delito, debe tener vocación de prolongarse el tiempo suficiente para provocar la alteración de la vida cotidiana de la víctima.

El stalking (acecho) es una forma de acoso que se caracteriza por la permanente vigilancia y control a la víctima. Estas circunstancias alteran la vida cotidiana de la víctima provocándole serios trastornos de ansiedad con consecuencias psicológicas que pueden llegar necesitar un largo tratamiento.

En 2015 se incluyó en el Código Penal como delito independiente, estableciendo dentro de los delitos contra la libertad, y ofreciendo así una respuesta penal a conductas graves que no se podían calificar como coacciones o amenazas. La pena prevista para el culpable es, alternativamente, o multa o prisión de tres meses a dos años. Eso sí, si la víctima es especialmente vulnerable por su edad, situación o enfermedad, el juez deberá imponer sí o sí la pena de prisión.

Una reciente sentencia rechaza la posibilidad de ampararse en un ‘estado de enamoramiento’ para conseguir una rebaja de la pena en el nuevo delito de acoso o ‘stalking’

La Audiencia Provincial de Madrid, ha resuelto recientemente un recurso, (sentencia de 27 de marzo de 2017), en un caso de condena por delito leve de coacciones que sería subsumible en el nuevo delito de acoso del artículo 172 ter del Código Penal, tal y como informa El País.

Lo curioso del caso es que la Sala rechaza la solicitud de atenuante por la “alteración psíquica por enamoramiento” del condenado hacia la víctima, pero el tribunal lo rechaza: “Esta justificación es manifiestamente incompatible con el actual delito de acoso, porque en su descripción ya se entiende incluida la obsesión por una persona, el empeño de mantener una relación con quien se está negando a ella. Lo que se castiga es, precisamente, la conducta de acosar, perseguir e insistir.”

“El “enamoramiento” no puede beneficiar al acosador  porque quien así actúa “debe asumir en estos casos la negativa de quien quiere que sea su pareja”, así como su libertad de decidir. Lo contrario supone incurrir en un ilícito penal.”

Las conductas que, según la ley, se consideran acoso son:

  • Vigilar, perseguir o buscar la cercanía física de la víctima, incluyendo conductas sean de proximidad física o de observación a distancia y a través de dispositivos electrónicos como GPS o cámaras de vídeo vigilancia
  • Establecer o intentar establecer contacto con la víctima a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas: por ejemplo llamadas de teléfono, mensajes de Whatsapp, etc.
  • El uso indebido de sus datos personales para adquirir productos o contratar servicio, o hacer que terceras personas se pongan en contacto con ella: como los casos en los que el acosador publica un anuncio en Internet ofreciendo algún servicio que provoca que la víctima reciba múltiples llamadas
  • Atentar contra la libertad o el patrimonio de la víctima o de alguna persona próxima a ella.

Aunque en la mayoría de los casos el supuesto acosador no tiene una relación sentimental con la víctima, también se están denunciando casos en los que el que así actúa es expareja de la persona acosada, a la que presiona para que vuelva, lo que constituye un delito de violencia de género con agravación de la pena.

El tipo penal permite denunciar otros tipos de acosos, como podría ser perseguir y acosar a alguien por una deuda.

En esta clase de delito es necesaria la denuncia previa de la víctima o de su representante legal para ser investigado, a no ser que se trate de un caso de violencia de género o doméstica.

Primera sentencia del Tribunal Supremo sobre el “stalking” (delito de acoso): establece que la conducta para ser delito debe prolongarse el tiempo suficiente para provocar la alteración de la vida cotidiana de la víctima.

El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo STS 324/2017, de 8 de mayo, Rec. 1775/2016, en la que ha sido ponente Antonio del Moral García, se ha pronunciado por primera vez sobre este nuevo delito de ‘stalking’ u hostigamiento. En esta sentencia, el Supremo establece que la conducta para ser delito debe tener vocación de prolongarse el tiempo suficiente para provocar la alteración de la vida cotidiana de la víctima, como dice el tipo penal.

La Sala recuerda que, en los intentos de conceptualizar el fenómeno del stalking desde perspectivas extrajurídicas –sociológica, psicológica o psiquiátrica- se manejan habitualmente una serie de notas: persecución repetitiva e intrusiva; obsesión, al menos aparente; aptitud para generar temor o desasosiego o condicionar la vida de la víctima; oposición de ésta….

En ese sentido, reitera: «No estamos en condiciones, ni se nos pide, de especificar hasta el detalle cuándo se cubren las exigencias con que el legislador ha querido definir la conducta punible (cuándo hay insistencia o reiteración o cuándo adquiere el estatuto de grave la necesidad de modificar rutinas o hábitos), pero sí de decir cuándo no se cubren esas exigencias.»

 

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 Fuentes:

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10989-el-nuevo-delito-de-acoso-ilegitimo-o-stalking-art-172-ter-cp/

http://www.europapress.es/nacional/noticia-supremo-perfila-delito-stalking-requiere-continuidad-alterar-habitos-20170509143808.html

http://economia.elpais.com/economia/2017/05/08/mis_derechos/1494231449_320261.html

 

 

 

 

 

 

“Mobbing” o acoso laboral, ¿QUÉ HACER?

“Mobbing” o acoso laboral, ¿QUÉ HACER?

“Mobbing” o acoso laboral, ¿QUÉ HACER?

 

El mobbing o acoso laboral constituye una amenaza a la dignidad en el empleo. Este tipo de conductas, al plantear problemas en lo relativo a su detección y prueba, y al darse un ámbito tan particular como el de las relaciones de trabajo, requieren ser abordadas y enfrentadas con especial cuidado.

Al tratarse de hechos que pueden ser calificados como delito, lo más recomendable es que el empleado que pueda estar sufriendo una situación así acuda a recibir asesoramiento jurídico. No obstante, aquí se recogen algunas de las claves sobre cómo se regula y los problemas que pueden surgir en caso de denuncia.

¿Cuándo nos encontramos frente a un acoso laboral?

El acoso laboral es castigado por el artículo 173.1 del Código Penal (CP) con una pena de prisión de seis meses a dos años. Dicho precepto penaliza a quien, en el ámbito laboral o funcionarial, y prevaliéndose de una relación de superioridad, realice contra un empleado, de forma reiterada, actos hostiles o humillantes que supongan un grave acoso contra el trabajador.

La jurisprudencia ha definido el mobbing como “toda situación o conducta que, por su reiteración en el tiempo, por su carácter degradante de las condiciones de trabajo y por la hostilidad o intimidación del ambiente laboral que general, tiene por finalidad o como resultado atentar o poner en peligro la integridad del trabajador”.

Así, para que los tribunales lo aprecien, tienen que darse tres elementos. En primer lugar, no puede ser un hecho aislado, requiere que la presión a la que se está sometiendo al trabajador sea sistemática (por ejemplo, varias veces a la semana) y prolongada (durante varios meses). En segundo término, el tipo de actos sufridos deben ser hostiles (gritos, enfados, comentarios que le atemoricen, etc.) o (se le deja en ridículo, se desprecia su trabajo, se le sitúa a hacer funciones muy por debajo de su cualificación, etc.). Finalmente, el resultado o la finalidad de estas conductas debe ser poner en peligro o menoscabar la integridad del trabajador.

Las fórmulas a través de las cuales se puede manifestar el acoso laboral son múltiples: ninguneo, hostigamiento, amilanamiento, amenazas, arrinconar, vejar, etc. Dos de sus manifestaciones más comunes es la eliminación de las funciones o quitar la ocupación efectiva del empleado.

La denuncia…

En las denuncias por acoso laboral se aplica la regla general de los procedimientos penales: la carga de la prueba recae sobre el denunciante. Tan sólo se invertirá este principio si se ha vulnerado algún derecho fundamental (como en los casos de discriminación, por ejemplo). Por lo tanto, en la mayoría de los procedimientos es el empleado denunciante quien debe aportar los documentos, hechos o demás medios de prueba que permitan al tribunal apreciar la existencia del mobbing. La empresa, en tal caso, deberá demostrar que existe una causa objetiva y razonable que explique las conductas o medidas adoptadas.

En este punto es donde aparece el principal problema al que se enfrentan, en la práctica, los denunciantes. Uno de los rasgos característicos del acoso laboral es que, en la mayoría de supuestos, se desarrolla con apariencia de total normalidad y sin dejarse rastro por escrito.

La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2014 marca un punto de inflexión en la validez de las pruebas para acreditar la existencia de acoso al otorgar validez a la utilización de grabaciones magnetofónicas y conversaciones de WhatsApp. Las mismas, según explica la resolución, no vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones siempre que sean utilizadas únicamente por el empleado acosado para defenderse en un procedimiento judicial.

El denunciante también puede servirse de los medios de prueba clásicos: interrogatorios o declaraciones del acosador, del acosado o de testigos; el informe pericial médico o psicológico; las actas de la Inspección de Trabajo; o las comunicaciones por escrito o los correos electrónicos.

Una vez recopiladas las pruebas…

-Puede denunciar ante la Inspección de Trabajo para que sea un inspector quien constate de forma directa y personal los hechos denunciados mediante una visita al centro de trabajo. Las actas de este organismo cuentan con presunción de veracidad, objetividad e imparcialidad, por lo que resultan un medio de prueba idóneo.

-Puede acudir al procedimiento de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas regulado en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El objeto de este proceso se limita a la lesión de derechos y, gracias a su carácter urgente, se tramitará de forma más rápida que uno ordinario.

-Puede optar por extinguir la indemnización laboral, por la vía del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, que permite al trabajador solicitar la extinción de su contrato ante una modificación sustancial de sus condiciones laborales que perjudique su dignidad. La indemnización que percibiría en este caso es la equivalente a la del despido improcedente. Esto es acumulable a la solicitud de indemnización adicional por daños y perjuicios.

Una vez el acoso hay cesado, puede iniciar un procedimiento ordinario por daños y perjuicios si el empleado desea reclamar una indemnización a modo de compensación.

 

El acoso también se puede sufrir fuera del horario laboral o de la oficina…

Así lo ratifica la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de la Rioja 14/2016 de 22 enero de 2016, Rec. 19/2016. En este caso, el tribunal avala el despido disciplinario de una empleada que, con ocasión de la celebración del fin de año, envió más de 60 mensajes de Whatsapp a su compañero de trabajo a altas horas de la madrugada. En estos mensajes, como constaba acreditado, se dirigió a él en términos tales como: “muérete”, “conmigo no juega nadie”; “estás durmiendo o acojonado”, “se te levanta o no?”, “funcionas o no?”, acompañados de diversos insultos. Anteriormente también había insultado a otra compañera, pareja sentimental del acosado, al que siguió enviando mensajes ofensivos. Con las pruebas en su móvil, el empleado denunció el caso en la empresa, que procedió a despedir a la empleada.

En la carta de despido se podía leer: “Los incidentes que usted ha protagonizado, suponen una gravísima falta de respeto y consideración hacia sus compañeros..”, “Su actuación no ha quedado en una mera anécdota de final de año, sino que además de remitir de forma continuada mensajes de texto insultando y faltando al respeto, su actitud con su compañero ha sido, desde esa fecha de absoluta falta de respeto y degradación hacia su persona..”, y “Por tanto, debido al comportamiento mantenido con su compañero de trabajo, a quien le ha estado acosando y remitiendo continuos mensajes amenazantes e insultantes en horario de madrugada,…”.

La Sala señala también que, si bien es cierto que los mensajes no fueron enviados en horario de trabajo, sin embargo, este comportamiento sí tiene una “directa vinculación con el quehacer laboral de ambos trabajadores”. El tribunal basa esta afirmación en que “no existe prueba alguna de que entre ambos haya existido o exista una relación personal ajena o distinta a la relación laboral en donde enmarcar las expresiones insultantes y amenazadoras remitidas”

El tribunal tiene en cuenta las expresiones injuriosas y amenazadoras de la empleada, sin provocación ni contestación alguna por parte de la víctima, y concluye que “no podemos sino afirmar un comportamiento de la trabajadora que ahora reclama de evidente acoso hacia su compañero que incluye expresiones injuriosas, ofensivas, degradantes y amenazadoras” y que hacen que la decisión adoptada por la empresa deba ser declarada procedente.

 

 

Fuentes:

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8328397/05/17/Como-actuar-si-sufre-mobbing-o-acoso-laboral-.html

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11892-mobbing-a-traves-del-whatsapp:-la-nueva-forma-de-violencia-en-el-trabajo-/

 

 

EL TRIBUNAL SUPREMO ESTABLECE QUE ES DELITO NEGARSE A LA SEGUNDA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA TRAS DAR POSITIVO.

EL TRIBUNAL SUPREMO ESTABLECE QUE ES DELITO NEGARSE A LA SEGUNDA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA TRAS DAR POSITIVO.

El Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que la negativa del conductor a someterse a una segunda prueba de alcoholemia, tras ser requerido para ello por el agente de la autoridad después de haber dado positivo en el primer test, constituye delito del artículo 383 del Código Penal (que castiga con pena de 6 meses a 1 año de prisión la negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de la tasa de alcoholemia). La sentencia destaca que las dos mediciones de alcohol deben considerarse dos fases de una única prueba, y resalta que la segunda no es sólo garantía de los derechos del conductor, sino también del sistema, por lo que es obligatoria y no potestativa del afectado.

Un asunto de estas características ha llegado por primera vez al Supremo con la entrada en vigor del nuevo recurso de casación previsto en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, ya que hasta ahora el recorrido procesal de delitos menos graves, con penas de hasta 5 años de prisión, terminaba en las audiencias provinciales.

El alto tribunal explica que la negativa a la primera medición es muestra de una rebeldía mayor y por tanto podrá merecer una penalidad mayor. Pero esta apreciación no lleva a expulsar del tipo penal lo que también es una negativa pues la prueba no puede realizarse en su integridad cuando el sometido a ella se niega a su segunda fase, sin la que la prueba no se puede considerar finalizada. También eso es negativa, aunque la gravedad esté suavizada.

 

Nuevo recurso de casación

Hasta la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, los delitos menos graves (penas inferiores a cinco años de prisión) eran enjuiciados por un Juez de lo Penal, y su sentencia sólo podía ser revisada mediante un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial sin posibilidad de acudir al Tribunal Supremo. Eso provocaba que en un buen número de delitos no existiese doctrina uniforme en todo el territorio, pues algunas cuestiones polémicas o no claras, eran interpretadas de forma diversa en distintas Audiencias.

Para atajar esas disfunciones, en 2015 se modificó la ley, implantando un recurso ante el Tribunal Supremo también frente a esas sentencias para discutir exclusivamente problemas de interpretación de las leyes penales, y no temas probatorios. Con eso se quiere crear una herramienta que unifique el entendimiento de la Ley en todos los tribunales inferiores.

 

 

FUENTE: http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8262520/03/17/El-Supremo-establece-que-es-delito-negarse-a-la-segunda-prueba-de-alcoholemia-tras-dar-positivo.html

 

NUEVA AMPLIACIÓN DE LA MORATORIA DE LOS DESAHUCIOS HASTA 2020.

NUEVA AMPLIACIÓN DE LA MORATORIA DE LOS DESAHUCIOS HASTA 2020.

El Consejo de Ministros ha aprobado, el pasado 17 de marzo, un Real Decreto Ley que amplía y profundiza las medidas de protección a los colectivos vulnerables por la crisis ante situaciones como el desahucio de su vivienda.

Se amplía tres años, hasta 2020, la moratoria de las ejecuciones hipotecarias que afectan a estos colectivos, medida que está en vigor desde el año 2013. Se incluyen nuevos supuestos de especial vulnerabilidad, como las familias con hijos menores de edad o monoparentales con hijos a cargo, desempleo (sin haber agotado la prestación), discapacidad, dependencia o enfermedad grave o violencia de género. Se facilitará también el alquiler de la vivienda ejecutada a precio reducido para estos casos.

Ampliación de supuestos

El Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno amplía el plazo de suspensión de lanzamientos hipotecarios tres años más, hasta 2020. Los criterios subjetivos para acogerse, tanto al Código de Buenas Prácticas, como a la suspensión de lanzamientos, se equiparán en su mayoría y se amplían a los siguientes supuestos:

  • La unidad familiar de la que forme parte un menor de edad, en vez de menor de tres años, como hasta ahora.
  • La unidad familiar monoparental con hijos a cargo, en vez de con dos hijos a cargo, como hasta ahora.
  • La unidad familiar con la que convivan una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral. Este requisito ya se aplica en la suspensión de lanzamientos y se extiende al Código de Buenas Prácticas.
  • La unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, criterio que se extiende al Código de Buenas Prácticas y se mantiene en la suspensión de lanzamientos.
  • En la suspensión de lanzamientos se amplía el supuesto de situación de desempleo, al eliminarse el requisito de haber agotado las prestaciones por desempleo.

Alquiler

En otro bloque de medidas se introduce en el Código de Buenas Prácticas la opción de alquiler de la vivienda habitual ejecutada. Durante el plazo de vigencia de la suspensión de lanzamientos, el deudor hipotecario ejecutado situado en el umbral de exclusión podrá solicitar y obtener del acreedor ejecutante de la vivienda, el alquiler de la misma en condiciones favorables. La petición de alquiler deberá realizarse dentro de un plazo determinado. Se establece que el precio máximo anual del alquiler será el 3 por 100 del valor de la vivienda al tiempo de la aprobación del remate determinado según tasación. El arrendamiento tendrá una duración de cinco años, prorrogable otros cinco años de mutuo acuerdo entre las partes, es decir, entre el ejecutado y el adjudicatario.

 

Recuperación de la propiedad

El Gobierno, en el plazo de ocho meses desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley, propondrá medidas destinadas a facilitar la recuperación de la propiedad de la vivienda habitual por los deudores hipotecarios incluidos en el ámbito de aplicación de la ley de suspensión de lanzamientos, cuando aquella hubiera sido objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria. Estas medidas podrían tener en cuenta la aplicación de descuentos en función de las cantidades satisfechas por el ejecutado, así como otros factores que garanticen un precio equitativo.

 

 

 

Ver completo el Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, aquí  http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/593529-rdl-5-2017-de-17-mar-modificacion-rdl-6-2012-de-9-mar-proteccion-de-deudores.html

 

 

 

 

Fuente: http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11767-el-gobierno-amplia-hasta-el-2020-la-moratoria-de-los-desahucios/

 

EL COSTE DE UNA LLAMADA A UN NÚMERO TELEFÓNICO DE SERVICIO POSTVENTA NO DEBE EXCEDER DEL DE UNA LLAMADA ESTÁNDAR.

EL COSTE DE UNA LLAMADA A UN NÚMERO TELEFÓNICO DE SERVICIO POSTVENTA NO DEBE EXCEDER DEL DE UNA LLAMADA ESTÁNDAR.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado el pasado 2 de marzo de 2017, en una sentencia sobre una empresa alemana, que es ilegal que el coste de una llamada a un servicio postventa de atención al cliente, como los 902 españoles, supere el coste que tendría una llamada estándar a una tarifa nacional.

La normativa comunitaria establece que los Estados miembros deben asegurarse de que si un comerciante opera una línea telefónica para que los clientes se comuniquen con él en relación a los contratos celebrados entre ambos, éstos “no están obligados a pagar más de la tarifa básica”.

En su fallo, el Tribunal con sede en Luxemburgo aclara que el concepto de “tarifa básica” debe interpretarse como el coste de una llamada a una línea telefónica de asistencia “no puede exceder del coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar” para asegurar el objetivo de la directiva de garantizar un nivel elevado de protección de los consumidores. El TJUE remite a la Directiva sobre los derechos de los consumidores de 2011 y subraya que, si los comerciantes tuviesen derecho a cobrar tarifas más elevadas que la de una “tarifa básica”, los consumidores podrían no recurrir al teléfono de asistencia para obtener aclaraciones sobre su contrato o para exigir el cumplimiento de sus derechos.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia aclara que, si se respeta el límite del coste de una llamada estándar, resulta “irrelevante” que el comerciante obtenga beneficios mediante ese número.

 

 

 

Fuentes:

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11711-el-coste-de-una-llamada-a-un-numero-telefonico-de-servicio-postventa-no-debe-exceder-del-de-una-llamada-estandar/

http://economia.elpais.com/economia/2017/03/02/actualidad/1488459893_345406.html

https://intereconomia.com/economia/administracion/tjue-ve-ilegales-los-902-otras-lineas-alto-coste-la-atencion-al-cliente-20170303-0957/

 

 

 

PROPONEN ELIMINAR LA DISPENSA DE OBLIGACIÓN DE DECLARAR PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA.

PROPONEN ELIMINAR LA DISPENSA DE OBLIGACIÓN DE DECLARAR PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA.

  • Somos conscientes del “mal rato” que pasa la víctima al tener que declarar, pero si no lo hace “ayuda”, sin quererlo, al agresor al vulnerarse los principios de inmediación y contradicción que presiden el proceso penal pudiendo ser absuelto el culpable.

 

PROPONEN ELIMINAR LA DISPENSA DE OBLIGACIÓN DE DECLARAR PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA

                                                                     
El pasado 15 de febrero, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, ha propuesto en el Congreso la supresión de la dispensa de la obligación de declarar para las víctimas de violencia de género, así como la tipificación de delitos de ciberdelincuencia de género. Carmona ha sido la primera experta en comparecer ante la subcomisión parlamentaria para articular un pacto de Estado contra la violencia de género, donde ha puesto sobre la mesa “una serie de medidas jurídicas para proteger mejor a la víctima“.

Ha defendido la necesidad de modificar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar la dispensa de la obligación de declarar que actualmente se contempla para las víctimas de violencia de género, “con el fin de que estos delitos, que son perseguibles de oficio y son delitos de carácter público, no queden impunes“.

Son muchas las mujeres que, actualmente, se acogen a esta dispensa de la obligación de declarar en contra de sus maridos o compañeros, bien en fase de instrucción, pudiendo dar lugar al archivo del procedimiento, o bien en el juicio oral, con el resultado, en ocasiones, de una sentencia absolutoria, si no existen más testigos de los hechos.

 

DELITOS DE CIBERDELINCUENCIA DE GÉNERO

La presidenta también ha sugerido modificaciones del Código Penal, para tipificar algunos delitos de ciberdelincuencia de género, cometidos a través de las redes sociales o las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Así, ha propuesto la inclusión de un nuevo delito de suplantación de identidad a través de las redes sociales, al tiempo que ha abogado por elevar a la categoría de delito las injurias que se difundan a través de Internet.

Entre otras reformas en el Código Penal, ha pedido la eliminación de la atenuante de confesión en los delitos de asesinato y homicidio por violencia de género que suponen “una rebaja de la pena bastante considerable”.

También se ha mostrado partidaria de la supresión de la atenuante de reparación del daño ocasionado a la víctima, ya que esta actuación debe ser una obligación del condenado y no una forma de atenuar su responsabilidad penal.

Entre otras medidas, ha defendido que todas las declaraciones de las víctimas de violencia de género se graben con los medios técnicos disponibles en los órganos judiciales para evitar que tengan que repetir su declaración en instrucción y ante un juez en el juicio oral.


FUENTE: http://www.20minutos.es/noticia/2961630/0/proponen-eliminar-la-dispensa-de-obligacion-de-declarar-para-las-victimas-de-violencia-machista/

 

EL TIEMPO DE MOVILIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE NO TIENEN UN LUGAR FIJO DE TRABAJO DEBE SER CONSIDERADO PARTE DE LA JORNADA LABORAL, SEGÚN UNA SENTENCIA TRIBUNAL EUROPEO DE JUSTICIA.

EL TIEMPO DE MOVILIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE NO TIENEN UN LUGAR FIJO DE TRABAJO DEBE SER CONSIDERADO PARTE DE LA JORNADA LABORAL, SEGÚN UNA SENTENCIA TRIBUNAL EUROPEO DE JUSTICIA.

 

El tiempo de movilización de los trabajadores que no tienen un lugar fijo de trabajo debe ser considerado parte de la jornada laboral, según una sentencia Tribunal Europeo de Justicia.

Específicamente, la sentencia se refiere al tiempo que tardan los trabajadores en llegar a su primer compromiso del día y luego en regresar a sus casas al terminar la jornada.

Esto significa que algunas empresas, como las que emplean a cuidadores, plomeros y representantes de ventas pueden estar incumpliendo las reglas europeas sobre jornada laboral.

 

Salud y seguridad

El tribunal dijo que la sentencia es para proteger la “salud y seguridad” de los trabajadores, como establece la directiva de jornada laboral de la Unión Europea.

La directiva está diseñada para proteger a los trabajadores de la explotación y establece normas sobre la duración de la jornada, los descansos y las vacaciones.

Uno de sus principales objetivos es asegurar que ningún empleado de la UE está obligado a trabajar más de la media de 48 horas a la semana.

La sentencia se produjo tras un caso legal en España con una empresa llamada Tyco, que instala sistemas de seguridad.

Tiempo mínimo de descanso

La empresa cerró sus oficinas regionales en 2011, lo que produjo que los trabajadores tuvieran que cubrir distintas distancias para llegar a su primera cita del día.

“El hecho de que los trabajadores empiecen y acaben sus jornadas en sus casas se deriva directamente de la decisión de la empresa de cerrar las oficinas regionales y no del propio deseo de los trabajadores”, dice la sentencia.

“Pedirles que carguen con la decisión de su empresa sería contrario al objetivo de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores que persigue la directiva, que incluye la necesidad de garantizar un periodo mínimo de descanso”.

 

Fuente: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150911_sentencia_transporte_jornada_laboral_ue_ac

 

 

EL OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO PROPONE QUE LA ASISTENCIA DE ABOGADO SEA OBLIGATORIA DESDE LA PRIMERA DECLARACIÓN POLICIAL

EL OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO PROPONE QUE LA ASISTENCIA DE ABOGADO SEA OBLIGATORIA DESDE LA PRIMERA DECLARACIÓN POLICIAL

Las instituciones que forman parte del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, con sede en el Consejo General del Poder Judicial, han aprobado trasladar al Congreso de los Diputados algunas propuestas de reformas para la mejora en la lucha contra la violencia de género en el ámbito de la Administración de Justicia.

Las aportaciones realizadas por las instituciones que forman parte del Observatorio serán expuestas en la subcomisión parlamentaria creada en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados para la aprobación de un Pacto de Estado contra la violencia de género.

Un representante de cada una de las instituciones que integran el Observatorio comparecerá, en su condición de experto, en los próximos días ante la subcomisión para el Pacto de Estado contra la violencia de género.

A la reunión de ayer, jueves 9 de febrero, que ha presidido el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, han asistido el fiscal general del Estado y representantes de los Ministerios de Justicia, de Interior y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como de la Consellería de Justícia de la Generalitat de Cataluña -en representación de los Gobiernos de las doce Comunidades Autónomas con las competencias transferidas en materia de Justicia- y de los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de España.

Un abogado que defienda a la víctima incluso antes de interponer denuncia

El Observatorio propondrá que el Parlamento adopte las reformas legales necesarias para incluir tanto en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal la preceptividad de la presencia del abogado de la víctima en toda declaración policial y judicial, al objeto de asesorarla, acompañarla e intervenir profesionalmente en su nombre.

De este modo, se pretende que las víctimas de violencia de género cuenten asistencia letrada desde el primer momento, incluso antes de interponer la denuncia.

Ampliación del concepto de violencia de género

El Observatorio entiende igualmente que la ampliación del concepto de violencia de género que se lleva a cabo en el Convenio de Estambul (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica) hace necesario que el legislador incluya las nuevas conductas consideradas como violencia sobre la mujer en dicho Convenio en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

También se expondrá a los parlamentarios la necesidad de impulsar la integración y coordinación de todos los sistemas informáticos, así como de potenciar las Unidades de Valoración Forense y las Unidades de Atención a la Víctima.

 

Fuente: http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11637-el-observatorio-contra-la-violencia-de-genero-propone-que-la-asistencia-de-abogado-sea-obligatoria-desde-la-primera-declaracion-policial/