PENAS DE PRISIÓN A UNOS PADRES QUE ENCERRARON A SU HIJA MENOR DE EDAD EN UNA HABITACIÓN DURANTE 2 DÍAS POR MAL COMPORTAMIENTO.

PENAS DE PRISIÓN A UNOS PADRES QUE ENCERRARON A SU HIJA MENOR DE EDAD EN UNA HABITACIÓN DURANTE 2 DÍAS POR MAL COMPORTAMIENTO.

PENAS DE PRISIÓN A UNOS PADRES QUE ENCERRARON A SU HIJA MENOR DE EDAD EN UNA HABITACIÓN DURANTE 2 DÍAS POR MAL COMPORTAMIENTO.

 

Penas de hasta un año y cuatro meses de prisión, a dos padres que encerraron a su hija menor de edad en una habitación de su casa en Parla (Madrid) durante dos días por su mal comportamiento y colocaron un candado en la puerta para evitar que saliera.

En la sentencia, la Audiencia Provincial de Madrid en su Sección Cuarta condena al padre como autor de un delito de detención ilegal y otro de violencia en el ámbito familiar a un año y cuatro meses de cárcel, y a la madre a un año de prisión por el primero de los delitos. La Fiscalía pedía para ambos hasta seis años de cárcel. Además, los padres deberán indemnizar con 300 euros a su hija por el daño moral causado debido a la ilegítima privación de libertad.

Durante la vista oral, los acusados, de origen marroquí, defendieron que la menor, que era “un poco” conflictiva, no estuvo recluida en una habitación sin ventanas como dijo el fiscal, sino que estaba “castigada” sin salir de casa. La resolución considera probado que entre el 2 y el 4 de julio de 2013, los progenitores obligaron a su hija a permanecer en una habitación del domicilio familiar en Parla “en castigo por su mal comportamiento” y “cerraron la puerta con un candado“.

Durante su encierro, la menor escribió una nota pidiendo auxilio que un vecino encontró en el patio del edificio. Fue esta persona quien alertó a la Policía, que se personó en la vivienda y finalmente liberó a la joven el día 4 a las 19.00 horas. Cuando salió de la habitación, la hija presentaba contusiones en el rostro y tenía perforado el tímpano del oído izquierdo, que le había causado su padre pegándole un bofetón en la cara durante el encierro para obligarla a permanecer en la habitación.

 

FUENTE: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/04/madrid/1475573567_608173.html

 

UN JUEZ CONDENA AL SANTANDER A INDEMNIZAR A UN HIPOTECADO POR INCLUIRLO EN EL REGISTRO DE MOROSOS.

UN JUEZ CONDENA AL SANTANDER A INDEMNIZAR A UN HIPOTECADO POR INCLUIRLO EN EL REGISTRO DE MOROSOS.

Un juez condena al Santander a indemnizar a un hipotecado por incluirlo en el registro de morosos.

 

 

El magistrado del juzgado de Instrucción nº 2 de Teruel ha condenado al banco de Santander a dar de baja en los ficheros de morosos la deuda con la que figura inscrito un hombre que dejó de pagar algunas cuotas de la hipoteca y obliga a la entidad financiera a indemnizar a su cliente con 9.000 euros por los daños y perjuicios que ello le ha ocasionado.

En su sentencia nº 1/2017, de 12 de enero, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Teruel, entiende que se ha producido una intromisión ilegítima en el derecho fundamental al honor del demandante al haber mantenido los datos del cliente hipotecado en dos ficheros de morosos una vez que las partes habían modificado el préstamo hipotecario suscribiendo la dación en pago parcial de la deuda así como la condonación parcial de importe restante.

Es importante señalar, conforme indica la nota de prensa, la sentencia no es firme y cabe apelación ante la Audiencia Provincial de Teurel.

El hipotecado era propietario de un apartamento gravado con un préstamo pero, por problemas económicos, dejó de pagar las cuotas por lo que la entidad bancaria procedió a inscribir al cliente en dos registros de morosidad. Posteriormente ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial. Mediante escritura pública acordaron la dación en pago parcial de la deuda, condonándose parte del importe y estableciendo que la parte de deuda pendiente (10.000,00 euros) sería exigible sólo a partir de noviembre de 2016.

A pesar de ello, la entidad bancaria, no solo no modificó la deuda que aparecía en los registros, si no que se negó a retirar al hipotecado de los registros de morosidad en los que lo había inscrito. A consecuencia de ello el cliente no pudo hacer frente a la reparación de su vehículo, ni tampoco adquirir uno nuevo al serle denegada la financiación. Tampoco pudo abastecerse de combustible para su vivienda sino hacía efectivo el prepago, ni tampoco concertar un préstamo para poder salir de los apuros económicos en los que se encontraba.

Apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sección 6ª, de 15 julio de 2010) expresa en su sentencia que “Como regla general, la recogida y el tratamiento de los datos de carácter personal requieren el consentimiento inequívoco del afectado (…) y como excepción, dichas actuaciones pueden realizarse sin el consentimiento del afectado cuando ello sea necesario para la satisfacción del interés legítimo. Si la inclusión de datos personales en un fichero se hace excepcionalmente sin el consentimiento del afectado la inclusión en el mismo puede vulnerar el derecho fundamental al honor”.

Considera el juez en su sentencia que la inserción indebida de datos de personas físicas en un fichero de solvencia patrimonial constituye una intromisión en el honor de éstas e incide negativamente en su buen nombre, prestigio o reputación y, en suma, en su dignidad personal.

Como lógico desarrollo del principio de calidad de los datos recogido en los arts. 6 de la Directiva 1995/46/CE, de 24 octubre del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y 4 LOPD, y del rigor con que debe observarse el mismo en ficheros cuyos datos son recogidos y tratados sin el consentimiento del afectado y que pueden causarle graves daños morales y patrimoniales, la Instrucción 1/1995 de la AEPD establecía como requisitos en que se concretaba la exigencia de calidad de los datos de estos ficheros, entre otros, la existencia de una deuda cierta, vencida, exigibleque hubiera resultado impagada (en este sentido, Sentencia de TS num. 226/2012, de 9 de abril)

Por ello, concluye en su sentencia que la indebida inclusión del demandante en los registros de morosos supone un desmerecimiento y un descrédito en la consideración ajena. Es intrascendente que el registro haya sido o no consultado por terceras personas, ya que basta la posibilidad de conocimiento por un público, sea o no restringido. Sí, además, es conocido por terceros y ello provoca unas consecuencias económicas o un grave perjuicio sería indemnizable, además del daño moral que supone la intromisión en el derecho al honor”.

 

Fuente: http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11569-un-juez-condena-al-santander-a-indemnizar-a-un-hipotecado-por-incluirlo-en-el-registro-de-morosos/

 

EL SUPREMO ESTABLECE QUE EL DAÑO MORAL ES INDEPENDIENTE DEL FÍSICO.

EL SUPREMO ESTABLECE QUE EL DAÑO MORAL ES INDEPENDIENTE DEL FÍSICO.

Se trata de una muy reciente sentencia del Tribunal Supremo. Apenas tiene 3 meses.

Dará que hablar durante muchísimo tiempo. Por fin la humillación se protege como daño moral y, además, avalado por el Tribunal Supremo.

 

El fallo permite castigar ataques a la integridad, aunque no se produzca un atentado material defendiendo la integridad moral “como una realidad axiológica, propia, autónoma e independiente de otros derechos”, entiende que “no todo perjuicio moral, necesariamente, habrá de comportar un atentado a los otros bienes jurídicos”.  Esta sentencia, de 26 de septiembre de 2016,   abre la puerta a castigar ataques a la integridad moral aunque no se produzca un atentado material, destacando que  “Es posible imaginar la existencia de comportamientos típicos que únicamente quiebren la integridad moral sin reportar daño alguno a otros bienes personalísimos.”

El magistrado ponente del fallo, asegura que la integridad moral estaría compuesta por vía negativa por elementos subjetivos, tales como los constituidos por la humillación o vejación sufrida por la víctima que se ve tratada de forma instrumental y desprovista de su dignidad, pudiendo, además concurrir la nota del dolor físico, y también por elementos objetivos en referencia a la forma y modo en que se produce el ataque”. Además, añade que “el núcleo del ataque a la integridad moral es la sensación de humillación y de cosificación que tiene la víctima porque resulta agredida en lo que es más esencial del individuo: su dignidad de ser humano merecedor de respeto por su condición humana”.

 

El Supremo entiende que no es necesario que los hechos probados establezcan que se ha producido una afectación de la integridad moral. “Esto, además, podría ser un concepto jurídico predeterminante si no fuese acompañado de una descripción detallada del hecho y la situación.”

La sentencia aprecia que, aunque exista una motivación que mengüe la gravedad de la acción, no evapora su contenido, ni difumina su significado de atentado a la integridad moral.

El Tribunal Supremo delimita el concepto penal de integridad moral que, según el fallo, “no cabe confundir con el derecho fundamental a la misma.” A su juicio, posee un reconocimiento constitucional, en el artículo 15 de la CE, y otro jurídico penal, en los artículos 173 y 177 del Código Penal, que además supone la existencia de un bien jurídico.

La sentencia del Supremo sostiene que “La integridad moral configura un espacio propio y por consecuencia necesitado, susceptible y digno de protección penal.” “Y este espacio o ámbito propio, se define fundamentalmente desde la idea de la inviolabilidad de la personalidad humana en el derecho a ser tratado como uno mismo, como un ser humano libre y nunca como un simple objeto”, concluye.

 

Sentencia Tribunal Supremo sobre el daño moral y el daño físico, 26 de septiembre de 2016.

 

 

Fuente: http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/7870442/10/16/El-Supremo-establece-que-el-dano-moral-es-independiente-del-fisico-.html

 

Los tribunales empiezan a tomar medidas para evitar los abusos de los “NINIS”. Adecuada resolución de la Audiencia Provincial.

Los tribunales empiezan a tomar medidas para evitar los abusos de los “NINIS”. Adecuada resolución de la Audiencia Provincial.

Los tribunales empiezan a tomar medidas para evitar los abusos de los “NINIS”. Adecuada resolución de la Audiencia Provincial.

Retiran la pensión de alimentos a un joven de 25 años que lleva una década «sin hacer nada»

La Audiencia Provincial de Murcia ha estimado el recurso presentado por el padre de un joven de 25 años y ha anulado la obligación de pasarle una pensión alimenticia porque este lleva diez años «sin nacer nada», según se recoge en la sentencia.

La resolución revoca otra de un Juzgado de Primera Instancia de Molina de Segura (Murcia) que solo accedió a rebajar la pensión de 300 euros a 100 euros.

El tribunal, al estimar el recurso presentado por el padre, dice que el hijo no ha hecho nada por merecer el disfrute de esa pensión, ya que no ha mostrado interés ni por los estudios ni por el trabajo.

Así, en cuanto a lo primero, dice que no ha obtenido ni siquiera el graduado escolar, y en cuanto a la actividad laboral, comenta que en los últimos diez años solo ha cotizado siete días.

Por otra parte, para la sala resulta sospechoso que tras un periodo dilatado de no cursar estudio alguno se inscribiera en un curso de formación apenas unos días antes de la celebración del juicio, sin que, por otra parte, haya demostrado su asistencia al mismo.

La sentencia concluye que se declara extinguida la pensión de alimentos que el demandante paga a su hijo, pronunciamiento que entrará en vigor a partir de la notificación de la misma.

Fuente: http://www.abc.es/sociedad/abci-retiran-pension-alimentos-joven-25-anos-lleva-decada-sin-hacer-nada-201610311008_noticia.html?ns_campaign=gs_ms&ns_mchannel=abc_es&ns_source=fb&ns_linkname=cm_general&ns_fee=0

La legalidad o ilegalidad de la inhabilitación del juez Garzón, realizada por el gobierno del PP, a debate internacional en la ONU.

La legalidad o ilegalidad de la inhabilitación del juez Garzón, realizada por el gobierno del PP, a debate internacional en la ONU.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha requerido al Estado español a responder a la denuncia formulada en su día por el juez Baltasar Garzón. Dicha denuncia presentada alega el carácter arbitrario de una serie de investigaciones y enjuiciamientos penales interpuestos contra el Juez Garzón que llevaron a su inhabilitación y pusieron fin a su larga carrera judicial. Entre los numerosos casos en los que el juez Garzón autorizó llevar a cabo investigaciones, se encuentran los relativos a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el período franquista que a día de hoy continúan impunes, así como casos de corrupción relacionados presuntamente con altos cargos del actual partido en Gobierno, el PP. Baltasar Garzón fue imputado penalmente por estas decisiones judiciales.

Simultáneamente se abrió contra él un tercer proceso que había sido archivado en dos ocasiones anteriores y que, tras la condena, inmediatamente se archivó ya que había prescrito hacía tiempo, algo que era bien sabido por el juez instructor que aún así mantuvo abierto el proceso.

La denuncia presentada ante el Comité de los Derechos Humanos ha sido respaldada por un número de expertos internacionales del más alto nivel quienes han presentado dictámenes periciales conjuntos.

“Los procedimientos penales iniciados contra el juez Garzón se fundamentaron exclusivamente en su interpretación y aplicación de la ley. Ello representa una flagrante violación del principio de independencia judicial que deriva del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del derecho internacional de los Derechos Humanos, asimismo supone la violación de múltiples derechos protegidos por el mencionado Pacto”.  

Los dictámenes examinan una serie de cuestiones que son de relevancia para la determinación del caso por parte del Comité de los Derechos Humanos, incluyendo los estándares internacionales respecto a la independencia judicial en la que se basa este caso; la invalidez de leyes de amnistía y las normas sobre plazos de prescripción aplicables en el derecho internacional y la interpretación sin precedentes de la Ley de Prevaricación aplicada en el marco de los procedimientos instados contra el Juez Garzón.

“A pesar de la notoriedad del caso que ha sido ampliamente criticado a nivel internacional, el juez Garzón no ha obtenido reconocimiento alguno por parte del Estado español, no ha habido ningún tipo de reparación, ni tampoco se han realizado esfuerzos para garantizar la independencia judicial en el futuro. Sobre esta base, a principios de este año el juez Garzón decidió presentar su denuncia ante el Comité de los Derechos Humanos. Ahora, el Estado español ha sido requerido para responder a la denuncia en el plazo de seis meses.”

Ahora el Gobierno español tiene un plazo máximo de seis meses para contestar al Comité de Naciones Unidas.

 

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  Fuente: http://www.elplural.com/sociedad/2016/11/12/el-comite-de-derechos-humanos-de-la-onu-exige-explicaciones-sobre-la

LEGISLACIÓN HIPOTECARIA: “TIRÓN DE OREJAS” A LA JUSTICIA ESPAÑOLA.

LEGISLACIÓN HIPOTECARIA: “TIRÓN DE OREJAS” A LA JUSTICIA ESPAÑOLA.

LEGISLACIÓN HIPOTECARIA.

“TIRÓN DE OREJAS” A LA JUSTICIA ESPAÑOLA:

El Tribunal Europeo considera que muchos avales que se prestan por ciudadanos españoles en las hipotecas contienen clausulas abusivas.

Si es usted avalista de alguien ante un banco, infórmese.

Las cosas van a cambiar.

 

NOTICIA:

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que los avales hipotecarios de un particular a una empresa están protegidos por la directiva europea sobre cláusulas abusivas. Los jueces comunitarios abren así la vía para anular ese tipo de avales, o sus condiciones más draconianas, si los contratos favorecen de manera abusiva a las entidades financieras. El fallo pone en peligro también la ejecución de avales entre particulares, muy habituales en la compra de vivienda.

Los jueces comunitarios señalaron en noviembre de 2015 y acaban de reiterar (el 14 de septiembre) que la directiva europea (93/13) sobre cláusulas abusivas protege a las personas que avalen el crédito de una empresa de la que no sean gestores ni accionistas principales.

En esos casos, la nueva jurisprudencia europea considera que el avalista actúa en calidad de consumidor y los tribunales nacionales, por tanto, pueden anular el aval si consideran que el contrato no le informaba adecuadamente de los riesgos o si concede una ventaja desproporcionada a la entidad financiera

Con todo, algunos juzgados españoles ya han declarado nulos determinados avales hipotecarios al considerar que incluyen cláusulas abusivas con lo que las resoluciones del Tribunal europeo pueden ayudar a poner coto al desahucio de ese familiar o amigo avalista.

 

 

Fuente: http://cincodias.com/cincodias/2016/10/18/mercados/1476816938_719683.html

 

EL RETRASO AL DENUNCIAR DILUYE LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA.

EL RETRASO AL DENUNCIAR DILUYE LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA.

La dilatación temporal entre los hechos y la denuncia diluye la declaración de la víctima como única prueba, según establece una sentencia del Tribunal Supremo, de 6 de junio de 2016.

La magistrada Ferrer García, afirma que la fuerza incriminatoria del testimonio de la denunciante, como prueba única que es, “se ha diluido para dejar espacio a la duda razonable respecto a los hechos, lo que supone que carece de certidumbre racional bastante como prueba de cargo hábil para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia”.

En términos coloquiales:

Las denuncias hay que ponerlas inmediatamente. Una denuncia interpuesta varios días más tarde (a no ser que sea por causa de fuerza mayor) hace que sean menos creíbles y que pierdan mucha fuerza y como dice la jurisprudencia, efectivamente, se diluye la declaración de la víctima.
Vamos, ¡¡¡que le hacen menos caso!!!

Pueden leer aquí dicha sentencia completa del Tribunal Supremo:
Sentencia Tribunal Supremo 6/6/2016-pruebavictima_tiempotranscurrido

Fuente: http://www.eleconomista.es/penal/noticias/
HABLAR MAL A LOS HIJOS DE SU PADRE O SU MADRE ES MALTRATO.

HABLAR MAL A LOS HIJOS DE SU PADRE O SU MADRE ES MALTRATO.

En México ya está tipificado en el Código Civil y se puede penar hasta con la cárcel.

Muchos menores se encuentran en la terrible situación de tener que tomar parte por uno de sus progenitores en las disputas que se dan entre ellos.

Hablar mal a los hijos de uno de sus progenitores es una manera de infligir maltrato a nuestros hijos porque, por un lado les obliga a decantarse por uno u otro, y por otro, le haces sentirse culpable por amarlo.

Proteger a los hijos debería de ser el objetivo principal de padres y madres en las inevitables disputas en las que están inmersos en un proceso de separación/divorcio.

El desarrollo emocional equilibrado de un hijo requiere que, por parte de los padres, se trasmita que existe una aceptación incondicional del hijo,  Esta aceptación incondicional requiere también que ambos progenitores pongan a salvo, en presencia de sus hijos, la imagen del otro progenitor, y para ello es requisito imprescindible no hacer explícito que los hijos tomen partido, juzguen o evalúen la conducta de sus padres.

En México, desde el 10 de mayo de 2014 entró  vigor en el Distrito Federal las reformas al Código Civil que tipifican la alienación parental como un acto  violencia familiar.


Artículo 323 Septimus del Código Civil vigente de México DF

 

“Comete violencia familiar el integrante de la familia que transforma la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores.

La conducta descrita en el párrafo anterior, se denomina alienación parental cuando es realizada por uno de los padres, quien, acreditada dicha conducta, será suspendido en el ejercicio de la patria potestad del menor y, en consecuencia, del régimen de visitas y convivencias que, en su caso, tenga decretado. Asimismo, en caso de que el padre alienador tenga la guarda y custodia del niño, ésta pasará de inmediato al otro progenitor, si se trata de un caso de alienación leve o moderada.

En el supuesto de que el menor presente un grado de alienación parental severo, en ningún caso, permanecerá bajo el cuidado del progenitor alienador o de la familia de éste, se suspenderá todo contacto con el padre alienador y el menor será sometido al tratamiento que indique el especialista que haya diagnosticado dicho trastorno.

A fin de asegurar el bienestar del menor, y en caso de que, por su edad, resulte imposible que viva con el otro progenitor, el departamento de psicología del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, evaluando a los parientes más cercanos del niño, determinará qué persona quedará encargada de su cuidado; mientras recibe el tratamiento respectivo que haga posible la convivencia con el progenitor no alienador.

El tratamiento para el niño alienado será llevado a cabo en el Departamento de Alienación Parental del Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.”

 

CUSTODIA COMPARTIDA: El tiempo por el que se atribuye a un cónyuge el uso de la vivienda propiedad del otro, debe someterse al principio de proporcionalidad.

CUSTODIA COMPARTIDA: El tiempo por el que se atribuye a un cónyuge el uso de la vivienda propiedad del otro, debe someterse al principio de proporcionalidad.

CUSTODIA COMPARTIDA.

El tiempo por el que se atribuye a un cónyuge el uso de la vivienda propiedad del otro, debe someterse al principio de proporcionalidad.

En los casos de custodia compartida en los que la vivienda familiar es privativa de uno de los cónyuges, la atribución de su uso al otro cónyuge está sometido al principio de proporcionalidad, dado que el art. 96.3 del CC, exige que este plazo sea prudencial. Así lo ha establecido la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en una sentencia número 522/2016 de fecha 21 de julio de 2016. 
Ello equivale a tener en cuenta las circunstancias de cada uno de los cónyuges antes de decidir el espacio temporal durante el período de tiempo en que el inmueble sea usado por el cónyuge no propietario.

Fuente: http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/11272-custodia-compartida:-el-tiempo-por-el-que-se-atribuye-a-un-conyuge-el-uso-de-la-vivienda-propiedad-del-otro-debe-someterse-al-principio-de-proporcionalidad-/

Sentencia: Sentencia Tribunal Supremo 522/2016 de 21 de julio 2016.