La legalidad o ilegalidad de la inhabilitación del juez Garzón, realizada por el gobierno del PP, a debate internacional en la ONU.

La legalidad o ilegalidad de la inhabilitación del juez Garzón, realizada por el gobierno del PP, a debate internacional en la ONU.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha requerido al Estado español a responder a la denuncia formulada en su día por el juez Baltasar Garzón. Dicha denuncia presentada alega el carácter arbitrario de una serie de investigaciones y enjuiciamientos penales interpuestos contra el Juez Garzón que llevaron a su inhabilitación y pusieron fin a su larga carrera judicial. Entre los numerosos casos en los que el juez Garzón autorizó llevar a cabo investigaciones, se encuentran los relativos a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el período franquista que a día de hoy continúan impunes, así como casos de corrupción relacionados presuntamente con altos cargos del actual partido en Gobierno, el PP. Baltasar Garzón fue imputado penalmente por estas decisiones judiciales.

Simultáneamente se abrió contra él un tercer proceso que había sido archivado en dos ocasiones anteriores y que, tras la condena, inmediatamente se archivó ya que había prescrito hacía tiempo, algo que era bien sabido por el juez instructor que aún así mantuvo abierto el proceso.

La denuncia presentada ante el Comité de los Derechos Humanos ha sido respaldada por un número de expertos internacionales del más alto nivel quienes han presentado dictámenes periciales conjuntos.

“Los procedimientos penales iniciados contra el juez Garzón se fundamentaron exclusivamente en su interpretación y aplicación de la ley. Ello representa una flagrante violación del principio de independencia judicial que deriva del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del derecho internacional de los Derechos Humanos, asimismo supone la violación de múltiples derechos protegidos por el mencionado Pacto”.  

Los dictámenes examinan una serie de cuestiones que son de relevancia para la determinación del caso por parte del Comité de los Derechos Humanos, incluyendo los estándares internacionales respecto a la independencia judicial en la que se basa este caso; la invalidez de leyes de amnistía y las normas sobre plazos de prescripción aplicables en el derecho internacional y la interpretación sin precedentes de la Ley de Prevaricación aplicada en el marco de los procedimientos instados contra el Juez Garzón.

“A pesar de la notoriedad del caso que ha sido ampliamente criticado a nivel internacional, el juez Garzón no ha obtenido reconocimiento alguno por parte del Estado español, no ha habido ningún tipo de reparación, ni tampoco se han realizado esfuerzos para garantizar la independencia judicial en el futuro. Sobre esta base, a principios de este año el juez Garzón decidió presentar su denuncia ante el Comité de los Derechos Humanos. Ahora, el Estado español ha sido requerido para responder a la denuncia en el plazo de seis meses.”

Ahora el Gobierno español tiene un plazo máximo de seis meses para contestar al Comité de Naciones Unidas.

 

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  Fuente: http://www.elplural.com/sociedad/2016/11/12/el-comite-de-derechos-humanos-de-la-onu-exige-explicaciones-sobre-la

Es bueno saber cual es la postura del Tribunal de La Haya al respecto de la DUI y el referéndum de Catalunya.

Es bueno saber cual es la postura del Tribunal de La Haya al respecto de la DUI y el referéndum de Catalunya.

Ahora que se habla tanto de la DUI y el referéndum de Cataluña,  es bueno saber cual es la postura del Tribunal de La Haya al respecto. Esta sentencia es histórica y regula y clarifica los procesos de secesión en los estados.

SOBRE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA Y SU SENTENCIA SOBRE LA DUI DE KÓSOVO

 

Hablar de unilateralidad, legalidad internacional y legitimidad para el ejercicio del derecho a la autodeterminación en el siglo XXI requiere de una aproximación a la Corte Internacional de Justicia (en adelante CIJ), un análisis superficial de algunos aspectos de la resolución respete Kósovo y una proyección respete qué podría ser aplicable en Cataluña.
La CIJ está compuesta por 15 miembros, teniéndose que garantizar la representación de las grandes civilizaciones y de los diferentes sistemas jurídicos a nivel mundial. Los candidatos tienen que tener la confianza de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad y tienen mandatos de 9 años, no pueden ejercer ninguna otra actividad profesional y tienen inmunidad diplomática durante el ejercicio de la función judicial.
Con sede a la Haya (Países Bajos), se configura como el órgano judicial principal de las Naciones Unidas para resolver dos tipos de cuestiones: controversias jurídicas que los estados miembros le quieran someter y opiniones consultivas sobre aspectos de legalidad internacional planteados por los órganos de las Naciones Unidas.
Queda claro, pues, que para someter cualquier cuestión jurídica a la CIJ hay que ser: o bien un Sido miembro de la ONU o bien la Asamblea o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (el resto de órganos de la ONU requieren del consentimiento de la Asamblea).

 

Los estados miembro de la ONU pueden someterle todo tipo de litigios respecto de la interpretación de un Tratado internacional, el análisis de si se ha producido una violación de derecho internacional o cualquier duda respecto de derecho internacional.
Cómo podemos comprender, esta primera vía de acceso a la CIJ tiene pocas opciones de ser ejercida para supuestos de ejercicio del derecho a la autodeterminación puesto que la parte que desea ejercer el derecho no forma parte de las Naciones Unidas y no tiene, por lo tanto, legitimación activa para personarse ante la CIJ. Sí se podrían resolver, por esta vía, litigios sobre la territorialidad de algún territorio en litigio entre dos estados ya existentes.
La Asamblea General y el Consejo de seguridad pueden plantear a la CIJ dudas respecto de cualquier aspecto de carácter legal dentro del ámbito de competencias de la ONU. Es en este contexto que el 9 de octubre de 2008, el entonces Secretario General de la ONU, Sr. BANDO Ki-moon, remitía a la Corte internacional de Justicia la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/NADA/63/3 (A/63/L.2), que reunida en sesión de 8 de octubre de 2008 acordó solicitar a la Corte internacional una opinión consultiva bajo el siguiente título:
“¿Se ajusta a derecho la declaración unilateral de independencia de las instituciones provisionales de autogobierno de Kósovo, de acuerdo con el derecho internacional?”
La Asamblea General aprobó remitir esta consulta, a iniciativa de Serbia, con 77 votos favorables (entre los cuales el voto favorable de España), 6 contrarios (Albania, Islas Marshall, Federación de estados de micronesia, Nauru, Palau y los Estados Unidos de América) y 74 abstenciones.
La resolución, redactada por Serbia, fue defendida por su ministro de asuntos exteriores, Vuk Jeremic, afirmando que “… impediría la crisis de Kósovo de servir como un precedente muy problemático en todo el mundo donde hubiera ambiciones secesionistas”.
Por este motivo, es oportuno recordar que la resolución de la CIJ no sólo es aplicable a España. Hace falta, además, tener en cuenta que esta resolución fue dictada con el voto a favor de España y, en palabras del representante español, Sr. Yañez-Barnuevo, argumentó el voto favorable a la resolución presentada por Serbia, antes de la votación, con los siguientes argumentos:

 

 

“Como es bien conocido, el Gobierno español considera el respeto a la legalidad internacional como un principio fundamental que ha de regir la actuación de los Estados, así como de las organizaciones internacionales y, en particular, de las Naciones Unidas, en las relaciones internacionales. Por este motivo, España lo ha convertido en el eje principal sobre el que articula toda su actuación en el ámbito internacional, otorgando al mismo tiempo a las Naciones Unidas un protagonismo sin igual en dicho ámbito. También es bien conocida la importancia que el Gobierno español atribuye al correcto funcionamiento de los órganos principales de esta Organización, entre los que se cuenta esta Asamblea, así como la Corte Internacional de Justicia, incluyendo, asimismo, la interacción entre esos órganos, a fin de promover la realización de los propósitos y principios de la Organización de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. En este sentido, estimamos que por el interés general de la Organización y del conjunto de la comunidad internacional sería deseable que esta Asamblea dispusiera de una opinión autorizada por parte del órgano judicial principal de las Naciones Unidas respecto de los aspectos jurídicos de aquellas cuestiones que, como la presente, que afecta a Kossove, hayan sido objeto de diversas interpretaciones por parte de los Estados Miembros. Por lo demás, creemos que a esta Asamblea y a los demás órganos de las Naciones Unidas es a quienes corresponderá en última instancia sacar las conclusiones que estimen oportunas respecto de la opinión consultiva que pronuncie, llegado el momento, la Corte Internacional de Justicia, sin que sea procedente, al menos hasta ese momento, anticipar esas conclusiones, ni condicionar en manera alguna la actuación de la Corte como órgano judicial dotado de plena independencia e imparcialidad conforme a la Carta de las Naciones Unidas y al Estatuto de la Corte. Por todo ello, España votará a favor del proyecto de resolución presentado por Serbia y contenido en el documento A/63/L.2.”

 
Cómo es evidente, la opinión consultiva de la CIJ no resolvió de la manera que deseaba Serbia cuando la propuso a la Asamblea General, ni de la manera en que el Reino de España pensaba que iría cuando le apoyó. Es el que tienen los verdaderos tribunales de justicia. Que mantienen su independencia e imparcialidad.
Lastimosamente, España sigue sin reconocer un estado que nació de acuerdo con la legalidad internacional, amparándose en una resolución de la CIJ que España promovió. Cataluña puede aprovechar aquellos aspectos que le son aplicables de la opinión consultiva de la CIJ, pero esto será objeto de otro análisis jurídico.

 

Fuente: http://unilateral.cat/2016/03/29/sobre-la-cort-internacional-de-justicia-1a-part/